Con la versión más suave, o la menos dura si se prefiere, fueron ampliadas por ley las facultades de la Policía de la Provincia de Santa Fe para controlar la trazabilidad y el origen legal de los teléfonos celulares y de otros equipos similares.
Los uniformados podrán exigir a cualquier ciudadano, por ejemplo en operativos en las calles o ante alguna sospecha, que exhiban el IMEI de su portátil sin tener que brindar un motivo, mediar una orden judicial o cursarse una investigación previa. Y el poseedor del móvil deberá entonces permitir ese acceso y mostrar ese International Mobile Equipment Identity, o Identificador Internacional de Equipo Móvil.
La Cámara de Senadores sancionó la norma con los cambios hechos en Diputados y así esta vez logró la unanimidad en general y en particular. En septiembre, cuando se aprobó por primera vez el mensaje del Ejecutivo, sobre los celulares el peronismo en el Senado se había opuesto. Los liderados por el senador Rubén Pirola votaron favorablemente el tratamiento sobre tablas en aquella oportunidad, pero luego rechazaron el texto al que poco habían podido aportar debido al apuro del oficialismo.
Antecedentes
Con la decisión tomada hoy por los senadores, quedan firmes los cambios hechos en Diputados, que buscaron mecanismos para morigerar esta nueva facultad en manos de la policía, ante el temor a que se produzcan abusos o se generen otros negocios ilegales, según las voces críticas que hubo frente a la norma.
En la Cámara baja, la media sanción con modificaciones contó solo con los votos de Unidos para Cambiar Santa Fe y de los bloques celestes.
Entre los puntos que añadieron los diputados se establece que las fuerzas del orden no podrán acceder a la apertura del teléfono si su poseedor se opone. Pero sí decomisarlo con la debida tramitación. Probablemente esa materia sea la más interesante para resolver en la Casa Gris en su decreto reglamentario.
Verificación
La sola exhibición del IMEI, una código de identificación del teléfono o la tablet, de poco sirve si no se cuenta con qué leer sus códigos de barras y números. También con otro soporte tecnológico preparado a tal fin la policía podrá verificar que el aparato no fue robado. Lógicamente será necesario además mostrar el propio DNI personal.
Geolocalización y flagrancia
La norma votada permite una acción inmediata al incorporar la geolocalización (el rastreo por GPS del celular robadodo) como un supuesto de delito en flagrancia. Es decir cuando se produce a la vista de un agente del orden.
Así, si la víctima de un arrebato de su celular lo ubica mediante una aplicación, la policía podrá actuar y acudir al lugar (incluyendo domicilios) de forma directa para recuperarlo, evitando demoras que hagan desaparecer el equipo, al punto de no requerir una orden judicial anterior.
La normativa también busca regular y controlar comercios de venta y reparación de usados, penalizando la tenencia de equipos con IMEI adulterado
La norma que crea el Sistema Provincial de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos, procura mecanismos de control y registro del comercio de teléfonos celulares. También sobre su posesión mueble, y allí radica la novedad, para desalentar el robo y su compra-venta ilegales.
Posiciones
Tras la aprobación por unanimidad, en nombre del peronismo en el Senado, el senador por San Lorenzo Armando Traferri indicó que la bancada opositora comparte las modificaciones hechas en Diputados y por eso se cambió del voto en contra por el apoyo al mensaje.
Luego, por el oficialismo, el senador por Rosario, Ciro Seisas subrayó que los números prueban la necesidad de cambiar la norma para modificar una realidad impactante. Por día se roban y denuncian 200 teléfonos, apenas 5% se recupera. De inmediato, explicó que no hay registros ni se conoce el número de hurtos y sustracciones sin denuncia.
El senador radical Esteban Motta de San Martín, celebró la aprobación y destacó las medidas adoptadas por el Gobierno provincial para mejorar la situación de seguridad en Rosario, a través de herramientas destinadas a las fuerzas de seguridad y a la Justicia. No obstante, consideró necesario continuar incorporando instrumentos y expresó su expectativa de que también avance la sanción definitiva de la ley de herramientas de seguridad, así como el proyecto de Prevención de los Femicidios, que ya cuenta con media sanción del Senado.
A su turno, el presidente provisional Felipe Michlig del departamento San Cristóbal destacó la celeridad con la que la Cámara Alta aborda los proyectos vinculados a la seguridad.
Asimismo, manifestó su preocupación por la demora en el tratamiento en Diputados del proyecto sobre violencia de género, aprobado por el Senado el 22 de octubre. En ese marco, señaló que habían transcurrido quince días sin que la iniciativa fuera tratada y expresó su inquietud por los índices de femicidios registrados en Santa Fe.
