Una exconcejala de Florencia, condenada por chantajear a beneficiarios de planes sociales

Dto. General Obligado Florencia

La exconcejal de la Ciudad de Florencia, Mirta Noemí Vallejos, fue condenada a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional, por ser penalmente responsable del delito de “coacciones” en perjuicio de beneficiarios de planes sociales, a quienes bajo amenaza exigía que entreguen una porción de sus ingresos. Por entonces, era líder del Movimiento Evita en esa ciudad ubicada 140 km al Norte de Reconquista, muy enfrentada con el intendente peronista Rubén Quaín, quien la denunció penalmente ante el fiscal regional, para lo que consiguió varios damnificados como testigos.

Acorralada por las pruebas, Vallejos reconoció los hechos y renunció al juicio para evitar una eventual condena mayor. Fue en el marco de un acuerdo en procedimiento abreviado alcanzado por su abogado, Carlos Ychaer, y el Ministerio Público de la Acusación, representado en este acto por el fiscal Nicolás Maglier. Dio conformidad y firmó la sentencia el juez penal Mauricio Martelossi.

En idénticas condiciones fue condenado Mauro Baudilio Sánchez, quien participaba del accionar delictivo colaborando con Vallejos, era el recaudador“.

Los hechos delictivos por los que fueron condenados, están reprochados en el Artículo 149 bis, segundo párrafo, del Código Penal, que prevé condena de dos a cuatro años de prisión.

Es delito hacer uso de amenazas con el propósito de obligar a otra persona a hacer, no hacer, o tolerar algo contra su voluntad; y acordaron el mínimo. Desde fiscalía argumentaron que se tuvo en cuenta que “ambos aceptaron la responsabilidad por los hechos atribuidos y no tienen condenas anteriores”.

El Ministerio Público de la Acusación informó que conforme a las evidencias colectadas, los condenados han coaccionado a diversas personas beneficiarlas de distintos planes sociales otorgados por el Gobierno Provincial y Nacional, todos ellos a habitantes de la ciudad de Florencia (Santa Fe), en reiteradas oportunidades, y por lo menos hace más de dos años a la fecha de la denuncia, conducta consistente en amenazar a los mismos para que le entreguen parte del dinero percibido en los referidos planes sociales, bajo amenaza de hacerlos eliminar del beneficio social, ejecutando maniobras consistentes en percibir parte del dinero.

Las víctimas fueron 17 beneficiarios de planes sociales, quienes contaron que desde hacía al menos dos años hasta la denuncia, a cambio de esa ayuda estatal, debían entregar un aporte a la líder del Movimiento Evita, siendo Sánchez su recaudador habitual.

La denuncia penal la radicó el intendente de la ciudad de Florencia, Rubén Quaín, con la firma de 17 damnificados, como Elsa Palacios, Miguel Obregón, Juan Carlos Sosa, Aldana Valenzuela, Claudia Quintana, Roberto Valenzuela, entre otros, quienes dijeron formar parte del Movimiento Evita cuya referente era entonces Mirta Vallejos, quien además era concejal.

Según contó el fiscal, para recibir un beneficio social de $8.500.- debían aportar $2.000.-; y en caso de beneficios extras, más aporte, que según les decían, eran recaudados para enviar a alguien de “más arriba”, que al menos hasta aquí, nadie identificó.

Según la denuncia, los recaudadores ponían fecha y hora límite para entregar el dinero.

Otra condición que se les exigía a cambio de seguir recibiendo la ayuda social, era “que se manifiesten contra el intendente en Facebook y otros medios“.

Tras la denuncia del intendente -muy enfrentado con la concejal Vallejos- la Policía de Investigaciones recogió testimoniales de las víctimas y constató teléfonos y mensajes de Mauro Sánchez y de Mirta Vallejos. Para investigar se intervinieron líneas telefónicas de ambos imputados, donde surgen elementos de convicción suficiente para imputarles delitos, detalló en la audiencia el representante del Ministerio Público de la Acusación. Mirta Vallejos gestionaba los beneficios a cambio de un porcentaje. Mauro Sánchez era el encargado de la cobranza y presionaba de diversas formas por el pago“, remarcó el fiscal Maglier.

Otras pruebas recolectadas que acorralaron a los ahora condenados, son las entrevistas realizadas a beneficiarios de planes sociales, un dictamen de la Inspección general de personería jurídica, transcripción de escuchas telefónicas grabadas en 60 CDs; y un cuaderno secuestrado por la policía el 7 de abril de 2020.

Condenada también por los votos

El año pasado, ya bajo proceso penal, Mirta Vallejos intentó renovar su banca de concejal, pero no consiguió el apoyo. Solo 215 votos. Para presentarse, armó un partido local llamado “Pacto Vecinal Florentino”, y quedó muy lejos de las otras dos listas. La encabezada por Rosa Uliana (“Somos Florencia”) consiguió 1.835 votos; y 1.764 Claudia Sandez, del “Frente de Todos”. Rosa Uliana y Néstor Sequeira fueron electos concejales por el partido vecinalista; y Claudia Sández, única banca para el Frente de Todos.

El archienemigo de Mirta Vallejos y quien promovió la denuncia penal, Rubén Quaín (Frente de todos) fue reelecto intendente con 1.918 votos, contra 1.907 del PRO Fabio Villa (Somos Florencia).

Tras la imputación penal, enemigos de Vallejos intentaron en su momento expulsarla de la banca, pero no consiguieron los votos suficientes, y solo decidieron conformar una comisión investigativa.

Contraataque

El año pasado, Mirta Vallejos denunció (al menos públicamente) que los peones que trabajan en el campo para el intendente, “tienen pensión provincial por discapacidad”, y que el mismo beneficio tienen varios de sus punteros políticos, y que hay familias completas que cobran ese beneficio. Lamentó que nadie lo investiga. Quaín gobierna Florencia desde que era Comuna.

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