La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dispuso prorrogar por 90 días el funcionamiento del Comité de Crisis habilitado en Rosario, como respuesta a un pedido del gobernador Maximiliano Pullaro y en que atención al cuadro de “persistir los hechos delictivos de extrema gravedad en la referida localidad”, según indican los fundamentos de la resolución 634, publicada este martes en el Boletín Oficial.
El Comité de Crisis, conformado por los titulares de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria, tiene como copresidentes a Bullrich y Pullaro. Y prevé que cualquiera de ellos dos puede solicitar la prórroga de su funcionamiento. Por lo cual, a partir de una nota presentada por el gobernador el 8 de julio se dispuso la medida, “en miras de continuar con los valiosos esfuerzos coordinados por el Estado Nacional y la Provincia de Santa Fe en orden a restablecer la seguridad interior”.
La misma disposición establece que, en lo sucesivo, una vez vencido el plazo estipulado “y siempre que no exista manifestación expresa de alguno de los copresidentes del Comité de Crisis para cesar con su funcionamiento”, operará la prórroga automática del mismo por idéntico plazo.
Balance nacional
La publicación de la prórroga coincidió con la difusión, por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación y a seis meses de su implementación, de un balance del Plan Bandera, establecido con el objetivo de “reducir la violencia y desmantelar las bandas criminales que operan en el gran Rosario”.
“Se terminó el home office narcopenitenciario”, fue la pintoresca expresión utilizada por la funcionaria nacional. Las medidas para impedir que se dispongan y organicen acciones delictivas desde el interior de los establecimientos, por parte de jefes alojados ahí, forman parte de la política en la materia desplegada por el gobierno santafesino.
Y en tal sentido, fueron destacadas en las últimas horas como uno de los factores que contribuyó a la fuerte caída en los índices de criminalidad registrados en el primer semestre del año, junto con el incremento del patrullaje, los allanamientos y derribos de búnkeres, las intervenciones sociales en los barrios y también el intenso desarrollo de actividades religiosas en los penales. Y, específicamente, las restricciones contenidas en el régimen de presos de alto perfil, para registrar y limitar sus movimientos.
En el balance distribuido a la prensa, Bullrich subrayó que en los últimos seis meses se incorporó al Servicio Penitenciario Federal “como un actor clave para reducir o anular la comunicación de los jefes de las organizaciones con el afuera”. Concretamente, para “sacarles la capacidad de seguir administrando sus bandas desde adentro de la cárcel y mandar a extorsionar o matar gente“.
