En el marco de las investigaciones por los crímenes de trabajadores ocurridos en marzo de este año, el gobierno provincial dispuso la inhabilitación de dos viviendas del barrio Santa Lucía. De este modo, tapiaron la casa en la que se realizaron los preparativos del asesinato del playero Bruno Bussanich y también otro domicilio que había usurpado José Mauricio Maturano, prófugo y sindicado como uno de los autores del crimen del chofer de la línea K, Marcos Daloia.
Una de las viviendas está ubicada en Misiones al 2100 y estuvo en la mira de la Justicia desde mediados de marzo, cuando había sido allanada tras el asesinato de Daloia. Allí se encontraba Joana García, pareja de Maturano, junto a sus dos hijo. En aquel momento no pesaba pedido de captura sobre la mujer, pero luego de la aprehensión y posterior declaración del menor autor del crimen del playero, se dictó la detención.
La otra casa está a pocos metros, en Misiones al 2200. El menor detenido por el crimen de Bussanich contó que allí García fue quien le entregó el arma y la nota amenazante para llevar a cabo el homicidio ocurrido el sábado 9 de marzo cuando la víctima trabajaba en la estación de servicios Puma de Mendoza al 7600.
“Acá se lo trajo al autor, al menor, acá se lo proveyó de la nota, del arma, etcétera, o sea que estamos hablando de un lugar fundamental para el trabajo de la justicia hoy”, detalló.
Con este panorama, el gobierno provincial dictaminó la intervención sobre la vivienda. “Desde acá salieron las órdenes para el ataque al colectivero y el arma y la nota del crimen del playero”, coincidió el fiscal Adrián Spelta, quien acompañó el procedimiento desde el lugar de los hechos.
Además, Spelta detalló que el menor autor del crimen de Bussanich partió de otra locación, a 200 metros de la vivienda intervenida, con el arma suministrada por Joana García. Este dato se desprende de la propia declaración del joven.
Si bien el fiscal marcó a la vivienda de Misiones al 2100 como “un punto estratégico” por su cercanía a la avenida circunvalación, la Justicia no encontró señales de la utilización de esta como bunker de venta de drogas.
Por otra parte, Spelta sostuvo la continuidad de las investigaciones para dar con el paradero de José Mauricio Maturano y reveló que las fuerzas de seguridad “estuvieron cerca de detenerlo en la provincia de Córdoba”. En este sentido, reiteró el pedido de recompensa por datos sobre el hombre buscado ya que “es uno de los últimos nombres que nos falta para cerrar el círculo de la semana sangrienta de marzo”.
Más tarde, el gobierno procedió a inhabilitar otro punto de venta de estupefacientes por la misma calle a la altura del 2200.
En el marco de la Ley de Microtráfico, los operativos de derribo e inutilización de inmuebles que funcionaban como puestos de venta de estupefacientes se desarrollan desde principio de año, en un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia Provincial, la Policía Provincial y con la colaboración de los gobiernos locales.
Crimen del chofer de la K: 10 millones de pesos para encontrar a un asesino
El gobierno de Santa Fe fijó en 10 millones de pesos la recompensa para las personas que aporten información y datos fehacientes sobre el paradero de José Mauricio Maturano, quien registra orden de captura por el asesinato de Marcos Daloia, colectivero de la línea K que falleció en marzo de este año. Fue uno de los cuatro crímenes de trabajadores cometidos en una misma semana en la ciudad.
Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial resaltaron que la identidad de quienes brinden información y de quienes sean adjudicatarios de la recompensa será mantenida en secreto antes, durante y después de finalizada la investigación y el proceso judicial.
Además, señalaron que el pago de la suma fijada será abonado previo informe del representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y de la Dirección Provincial de Protección de Testigos en relación al mérito de la misma.
Cómo aportar datos sobre el crimen
La información y los datos relativos a la causa deberán ser aportados en cualquiera de las sedes de las fiscalías regionales del MPA.
Desde la cartera enumeraron que las mismas son la Fiscalía Regional N° 1 (General López 3302, Santa Fe), la Fiscalía Regional N° 2 (Sarmiento 2850, Rosario), la Fiscalía Regional N° 3 (Alvear 675, Venado Tuerto), la Fiscalía Regional N° 4 (Iriondo 553, Reconquista) y la Fiscalía Regional N° 5 (Necochea 44, Rafaela).
