¿Deben las concesiones provinciales de servicios públicos atenerse a resoluciones o decretos nacionales? Esa duda -bastante más profunda que lo que diga o no una factura- sobrevuela en la Empresa Provincial de la Energía y de Aguas Santafesinas SA, las dos compañías del Estado provincial, ante una multa de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación.
Esta semana, esa oficina del Ministerio de Economía de la Nación emitió una resolución por la que multa a entre otras 95 empresas de todo el país a la Epe y Assa, cuyas concesiones y posesión corresponde a la Provincia de Santa Fe, no a la Nación.
La repartición nacional dictó en septiembre la resolución 267 que interpreta que en las boletas de los servicios públicos solo deben figurar ítems específicos, propios de esa prestaciones y no otros cargos o servicios. El decisorio se apoya en la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, pero es finalmente una nueva lectura sobre el artículo tercero de esa norma. Economía busca “limpiar” de cargos extras los ítems a pagar por los usuarios finales en las boletas de agua, luz y gas natural por redes como una forma de cuidar el índice inflacionario, en especial en el conurbano bonaerense donde los otros rubros llegan a resultar más costosos que el propio servicio facturado.
Tras el dictado de aquella resolución, ahora se anuncian multas, entre las que figuran las empresas santafesinas mencionadas, que dependen de la Casa Gris, así como a la concesionaria de gas natural por redes que actúa en el mapa de la bota que, en efecto, corresponde a una concesión nacional. También fueron alcanzadas cooperativas de Venado Tuerto y Murphy, en el departamento General López; y Villa Gobernador Gálvez, en Rosario.
De acuerdo con las respuestas brindadas, hasta pasado el mediodía de este martes 12, tanto a Aguas como a la Epe no habían llegado las multas. En el primer caso, las objeciones serían solo para dos de todos los distritos en que actúa la empresa: en la ciudad de San Lorenzo donde el municipio cobra un Derecho de Registro e Inspección (Drei) que anualmente le suma unos 5,6 millones a esa administración municipal, y en Capitán Bermúdez que por año recibe por vía de las boletas de Aguas otros 3,4 millones. Obviamente, en ambos casos, la empresa prestadora del servicio es solo un intermediario que no recibe fondos por esos tributos que provienen de convenios que están vigentes desde la década del ’90.
En el segundo caso, la compañía distribuidora de electricidad tiene en sus boletas, rubros municipales en la ciudad de Rosario, así como en Coronda (San Gerónimo), San Carlos (Las Colonias) y Los Quirquinchos (Caseros). En la Epe, aunque no se ha dicho públicamente, hay dudas fundadas respecto de qué potestad tiene el gobierno nacional sobre su área de actuación como empresa provincial.
En síntesis, por ahora en Santa Fe, los efectos de la resolución de las autoridades económicas nacionales han tenido más repercusiones en los medios de comunicación y la prensa que efectos concretos en las boletas.
