La administración de Maximiliano Pullaro cumplirá este martes su primer año de gestión. Y para repasar lo actuado y empezar a planificar lo que vendrá, el gobernador convocó a sus funcionarios a una “Jornada de Trabajo”. Será una reunión de gabinete ampliado, con ministros y secretarios pero también, con legisladores de todas las bancadas que integran Unidos para cambiar Santa Fe.
Desde el inicio del mandato, las reuniones de gabinete se adoptaron como una práctica semanal, incluso, itinerante. En varias ocasiones, el equipo de gobierno se trasladó a diferentes localidades del interior de la provincia para realizar el encuentro en esos distritos. Las reuniones ampliadas, sumando a los presidentes de bloques legislativos del oficialismo, también se constituyeron durante el primer año de gestión en una práctica periódica.
En estos doce meses y con mayorías holgadas en ambas cámaras, la actual administración logró la sanción de leyes centrales para las metas del gobierno. En el inicio, sobresalieron las vinculadas a la seguridad y justicia penal. Promediando el año, se destacó la aprobación de la Ley de Emergencia Previsional y la que estipula modificaciones en la integración y funcionamiento de la Corte. Esta última estuvo precedida por un recambio parcial del máximo tribunal; en los planes originales, el gobierno aspiraba a una renovación más ambiciosa.
Broche de oro
Pero sin dudas, la sanción que coronó el año de gestión por sus implicancias a futuro fue la aprobación de la ley que declara la necesidad de la reforma constitucional en Santa Fe. La normativa, votada el viernes último por el Senado, cristaliza los intentos reiterados y sucesivos que se realizaron al menos durante las últimas diez gestiones de gobierno; y abre las puertas a una Convención Constituyente que podría habilitar la reelección del propio Maximiliano Pullaro. Para ello, Unidos deberá garantizar un resultado electoral que asegure una mayoría en la Asamblea Constituyente.
En tanto, ha sido citado para el próximo viernes el Consejo Ejecutivo provincial del Partido Justicialista.
¿Expulsión?
Después de la votación del jueves pasado, el peronismo quedó inmerso en una crisis interna más profunda todavía que la que se había generado con la derrota electoral de 2023. Ello, producto de que fue un sector del PJ quien concedió al oficialismo la llave para que la reforma pudiese habilitarse. Se trata de la bancada que lidera Omar Perotti; el jueves, cuatro de sus cinco integrantes – todos, menos Walter Agosto- levantaron la mano para que el oficialismo lograse los dos tercios. La votación fue en ese sentido, con el agravante de que el partido había resuelto otorgar mandato a sus legisladores para que rechazasen el proyecto.
Ahora, la conducción partidaria deberá evaluar la conducta de Perotti y de los diputados Celia Arena, Marcos Corach y Sonia Martorano. Una de las hipótesis iniciales que se barajaron cuando se discutió la situación era expulsar a quienes desoyeran la directiva partidaria. Pero sólo el congreso provincial del PJ tiene potestad para establecer esa sanción. La discusión del viernes definirá los pasos a seguir. No se descarta, de hecho, que del encuentro surja una convocatoria al Congreso para habilitar así la discusión del tema.
