Entre las repudiables definiciones que el presidente Javier Milei enumera en el Foro Económico Mundial de Davos hay una dedicada a un tema que entiendo no podemos soslayar: la referencia al femicidio, figura incorporada a nuestra legislación penal en el año 2012 luego de un extenso debate legislativo que alineó a nuestro país con las legislaciones más avanzadas del mundo civilizado.
El femicidio constituye una violación grave de los derechos humanos de las mujeres y es una manifestación extrema de la violencia de género.
El enfoque de Milei, que podría percibirse como una descalificación de los esfuerzos institucionales y sociales dirigidos a combatir este delito, resulta problemático no sólo desde un punto de vista ético y social, sino también desde una perspectiva jurídica.
Sus dichos son claramente contrarios a los principios constitucionales y a los compromisos internacionales de protección de los derechos humanos asumidos por Argentina.
Quienes antes del 2012 fuimos parte del Poder Judicial sabemos que esa herramienta normativa configuró una verdadera bisagra en la administración de justicia. Justicia para las que ya no están y para quienes en su nombre la reclamaban.
Mucho ha sido el dolor para que la crueldad y la irresponsabilidad institucional desmantelen un camino virtuoso que ha llevado justicia y paz a muchas familias argentinas desde entonces.
