A tres semanas de finalizar la tarea encomendada a la Convención Reformadora, la mirada se posa en la Comisión Redactora que desde el lunes tendrá por tarea revisar los 106 dictámenes elaborados por las cinco comisiones temáticas que cumplieron en los plazos reglamentarios su cometido.
“Producidos los despachos generales por comisiones permanentes, serán girados por la Presidencia de la Convención a la Comisión Redactora, que deberá efectuar despachos parciales sobre temas dictaminados, de acuerdo a facultades que establece este reglamento. Una vez producidos, serán remitidos en forma inmediata para su tratamiento y votación por el Plenario, previa publicación de los mismos”.
Es la función que le establece el Reglamento a la comisión de 18 integrantes que preside Joaquín Blanco.
“Corresponde a esta Comisión la recepción de despachos sobre cuestiones de su competencia, ajustes de redacción que no alteren el sentido y elaboración del texto ordenado único y final de la reforma de la Constitución. A ese efecto deberá coordinar, sistematizar, armonizar, ordenar, enumerar, renumerar e integrar las disposiciones de la reforma, conforme a la ley 14.384”, define el reglamento.
“Podrá convocar a las comisiones temáticas donde se hayan originado los despachos. Los despachos parciales que elabore y presente esta comisión, deberán indicar los artículos que se incorporen como nuevos, bajo la denominación provisoria del artículo correspondiente, así como también los artículos que quedan derogados de la Constitución Provincial”, plantea en su tarea.
Dentro de plazos y en medio de audiencias, debates intrabloques y entre sectores, la Comisión de Poder Legislativo y Ejecutivo firmó 16 dictámenes y fue la primera en finalizar. Le siguió Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana con 26; Régimen Municipal con 16; Declaraciones, Derechos y Garantías con 38 y Poder Judicial y otros Órganos Constitucionales con 14.
La última de las comisiones que presentó los dictámenes tuvo las mayores divergencias ya que los diferentes espacios políticos presentaron posturas distintas. Unidos más Fe fueron los que lo ingresaron el jueves al cerrar la reunión. Antes, habían expuesto La Libertad Avanza y Somos Vida y Libertad.
En tanto, Más para Santa Fe siguió buscando puntos de coincidencia con Unidos pero no pudieron encontrar coincidencias, especialmente en el tema de selección de candidatos a magistrados y la tarea de control de la conducta. Es más, Jaquelina Balangione fue la única no oficialista que se quedó hasta el término de la reunión plenaria para hacer algunas advertencias sobre el texto del oficialismo.
Debates
El mismo jueves hubo diferencias sobre autonomía entre Unidos y Más para Santa Fe que tienen dictámenes diferentes aunque distantes de los seis de la Libertad Avanza de otros tantos temas de incumbencia en esa comisión.
Pero uno de los debates más interesantes se dio en el marco de Declaraciones, Derechos y Garantías donde hubo mucha discusión para buscar coincidencias en temas donde las audiencias públicas sirvieron para escuchar a muchos sectores de la ciudad.
Es que en esa comisión, Unidos y Más para Santa Fe convergieron en la modificación del artículo 2 de la Constitución para incorporar los tratados internacionales al texto; también en la nueva redacción del 13 sobre libertad de reunión; en el 19 sobre salud; en el 22 sobre cultura.
Pero también hubo modificaciones sobre los nuevos derechos, derechos digitales, ciencia e innovación, ambiente, agua, consumidores así como las medidas de acción positiva.
En cambio, Más para Santa Fe fue con pronunciamientos propios de minoría en los artículos 3 (religión estado), 9 (debido proceso); 11 (libertad de expresión); 17 (garantías como amparo, habeas corpus, habeas data); 20 (Trabajo); 29 y 30 (régimen electoral) y los cinco sobre educación.
Además de la modificación de artículos y de inclusión de nuevos, también habrá disposiciones transitorias para ordenar tiempos institucionales respetando mandatos con tiempo determinado así como esperando leyes que ordena la Constitución.
Así por ejemplo, en un año a partir de septiembre, la Legislatura deberá dictar una Ley orgánica de Municipios dictada en 1939 aunque tuvo sucesivas modificaciones. Se trata de la Ley 2756. En cambio, un año más para dictar la nueva Ley de Coparticipación.
Cláusulas transitorias
Una de las transitorias elaboradas por la Comisión de Poder Judicial ordena que “todas las leyes que deban dictarse de conformidad con lo dispuesto por esta Constitución deben ser sancionadas dentro del plazo máximo de dos años, contado a partir de su entrada en vigencia, salvo que se prevea expresamente un plazo menor”.
Y agrega: “Hasta tanto se dicten dichas leyes, continúan vigentes las actuales en cuanto no sean incompatibles con las disposiciones previstas en esta Constitución”.
Las cláusulas transitorias permitirán la posible reelección del actual gobernador por un período y de legisladores, intendentes y concejales por dos períodos más.
También “a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución en relación con la composición de la Corte Suprema de Justicia, quien ocupa el cargo de Procurador General continuará integrando la Corte Suprema de Justicia, con la misma jerarquía y remuneración, hasta que alcance los requisitos para la jubilación ordinaria”.
“Ocurridas estas condiciones, no se nombrará un nuevo Procurador que integre la Corte Suprema de Justicia”, define.
En Poder Judicial se dispone además que los procedimientos para la selección de jueces, fiscales del Ministerio Público de la Acusación y defensores del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal que se encuentren en trámite al momento de la entrada en vigencia de la Constitución continúan hasta su finalización de acuerdo con la normativa vigente al inicio del procedimiento.
También que hasta tanto se dicte la ley que regule el funcionamiento del Consejo Asesor de Selección de la Magistratura y del Ministerio Público se continuará aplicando el sistema de selección de jueces, fiscales y defensores vigente a la fecha de entrada en vigor de esta Constitución.
Por ende y hasta la sanción de la legislación que regule los procedimientos disciplinarios de jueces, fiscales y defensores, éstos procedimientos se sustanciarán ante los órganos y se regirán por la normativa en vigor al momento de la entrada en vigencia de esta Constitución.
