El Capítulo XI incluía la derogación de dos leyes que el Gobierno considera incompatibles con su política de equilibrio fiscal: la ley de Emergencia en Discapacidad y la ley de Financiamiento Universitario. Según la visión oficial, ambas normas generan obligaciones de gasto que ponen en riesgo el superávit primario y fuerzan a administrar un presupuesto con déficit, algo que Milei y su equipo económico rechazan de plano. “Vulnera el déficit cero que justamente queríamos construir con este Presupuesto”, admitieron desde el Poder Ejecutivo.
Para el oficialismo, el debate excede lo técnico o reglamentario y es, ante todo, político: déficit versus superávit, pasado versus un nuevo esquema de responsabilidad fiscal. Desde Casa Rosada sostienen que, con la vigencia de esas leyes, el Presupuesto aprobado no cumple con el mandato electoral de ajuste y orden de las cuentas públicas. “Solo Discapacidad representa unos cinco puntos del PBI”, repiten en el Ejecutivo, donde remarcan que hoy no están aplicando esos fondos por falta de partidas presupuestarias.
Con este escenario, el Gobierno evalúa distintas estrategias: demorar el envío del proyecto al Senado, intentar reintroducir el Capítulo XI o incluso vetar el propio Presupuesto si se aprueba sin cambios. La administración de Milei ya prorrogó dos años consecutivos el Presupuesto 2023, lo que le permitió un manejo más discrecional del gasto, y no descarta repetir esa vía en 2026. Pese al revés, el oficialismo destacó haber alcanzado por primera vez una media sanción presupuestaria, con 132 votos afirmativos, en el debut de la nueva composición de Diputados, donde La Libertad Avanza se consolidó como primera minoría.
